El adolescente que vive con su madre realizó el reclamo ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Paz de la localidad de Santa Lucía. Su padre, que reside en Buenos Aires, percibía una pensión no contributiva por el niño pero no cumplía con el pago de alimentos. Para la actuación se destaca el ejercicio pleno de la llamada “autonomía progresiva” del adolescente, ya que el mismo manifestó su reclamo.ImprimirAchicar el tamaño textoAumentar el tamaño del textoVolver el texto a su tamaño estándar

El doctor Daniel Alejandro Azcona, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Paz de la localidad de Santa Lucía, dispuso la retención del 25% de lo que percibía un hombre como pensión no contributiva a fin de que cumpla con sus deberes como padre de un adolescente que reside en Corrientes junto a su madre.

A su vez, el magistrado autorizó a que el banco cree una cuenta bancaria a nombre de su madre para que allí se deposite lo embargado. Teniendo en cuenta que ambos progenitores (madre y padre) son sordomudos, el doctor Azcono libró oficio a la Agencia Nacional de Discapacidad para que tome conocimiento del hecho y proceda a la retención y depósito de los fondos.

El caso

Un adolescente de trece años que convive junto a su madre (sordomuda), reclamó y así obtuvo se embargue a su progenitor (también sordomudo) la pensión que percibe, encontrándose domiciliado éste último en la provincia de Buenos Aires.

La asistencia por derecho propio del adolescente y la investigación y datos obtenidos por la Asesoría de Menores de la ciudad de Goya, permitió contar con los datos precisos para ordenar la medida tendiente a garantizar el interés superior del niño.

Resulta también importantísimo resaltar que, el propio niño ofició de intérprete de lengua de señas de su progenitora, para transmitir la medida dispuesta.

En el presente puede destacarse, el ejercicio pleno de la llamada “autonomía progresiva” del adolescente, la actuación de la Asesora de Menores, como la inmediatez en la decisión del juzgado en la medida.

El municipio adhirió a la medida nacional sobre documentos obligatorios para los conductores de vehículos en el ejido urbano.

El municipio de Corrientes se adhirió a la medida nacional y deja de ser obligatoria la cédula azul para los conductores. A la hora de transitar por la ciudad los correntinos deberán contar con DNI y Licencia Nacional de Conducir (con el mismo domicilio), cédula verde y seguro vigente. Estas podrán ser exhibidas en formato físico o digital a través de la app “Mi Argentina”. 

La cédula azul deja de ser obligatoria en la ciudad a partir de la adhesión del Municipio de Corrientes a la Disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) a través de la Resolución N°2408. Esta dispone la documentación y los elementos de seguridad con los que deberán circular los conductores en el ejido urbano.

Los conductores deberán portar a la hora de transitar por la ciudad el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Licencia Nacional de Conducir con la categoría acorde al vehículo portado, y en ambos documentos, figurar el mismo domicilio. Además se solicitará la cédula verde y el comprobante de seguro vigente. En el caso de tener únicamente la cédula azul, la misma deberá estar vigente y autorizada por el titular. 

Otros de los requisitos para circular son: constancia de revisión técnica obligatoria (RTO) o verificación técnica vehicular (VTV), chapas patentes colocadas visiblemente, en buen estado y sin alteraciones, matafuegos con fecha vigente y balizas reglamentarias triangulares.

Todas estas documentaciones podrán ser exhibidas en forma indistinta ya sea en formato físico o digital, a través de la aplicación «Mi Argentina» o la que en el futuro la reemplace.

En relación a la cédula azul que deja de ser obligatoria, se aclara que las ya emitidas continuarán vigentes hasta tanto sean revocadas por quien las peticionó.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia que obliga a la Municipalidad de Santo Tomé a eliminar el basural a cielo abierto de esa ciudad y aplicar un plan integral de manejo de residuos.

La existencia de un basural sin ningún tratamiento, la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado y la conducta poco diligente del Municipio de Santo Tomé, tanto en el proceso judicial como en el trámite administrativo, constituyeron los factores determinantes por los cuales la Corte Provincial condenó al Ejecutivo comunal.

Por unanimidad, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia consideraron verdaderos los riesgos a la salud. Aunque no se pudiera justificar un daño concreto a la integridad psicofísica de las personas, señalaron que debían proteger el medio ambiente.

Una vez que los jueces comprueban el carácter contaminante del basural a cielo abierto y su incidencia en la degradación del ecosistema, las normas los habilitan a tomar las medidas que sean necesarias, de modo de prevenir (o hacer cesar) la actividad contaminante.

La sentencia N°10/24, con el primer voto del doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, ordenó a las autoridades municipales a cumplir un plan de manejo ambiental e informar a la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Santo Tomé sus avances de forma periódica. Finalmente, desestimó los argumentos que cuestionaban la decisión judicial.

Gestión de Residuos Domiciliarios

Los ministros reconocieron que el basural a cielo abierto de esa ciudad -en el que habitaban familias- implicaba el riesgo inminente de contraer enfermedades. En ese sentido, el fallo tomó como base la Ley N° 6.422 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Domiciliarios, que establece la obligación de los municipios de implementar un sistema integral para el manejo de estos desechos.

Justamente, el artículo 7 se refiere a la prioridad  de las acciones tendientes a prevenir y reducir la cantidad de residuos generados y sus impactos negativos y disminuir los riesgos para la salud pública y el ambiente. Además ordena el uso de metodologías y tecnologías evaluadas y calificadas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, e informar a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de gestión de los residuos.

Y el artículo 10 establece la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental previo, y otorgar el certificado de aptitud ambiental para la instalación de rellenos controlados o sanitarios, públicos y/o privados.

Como se señaló anteriormente, el municipio evidenció a lo largo de todo el proceso de amparo una conducta poco comprometida, algo que se observó también en el expediente administrativo del estudio de impacto ambiental (que recién el Ejecutivo realizó tras la orden judicial en una medida cautelar previa). La Municipalidad argumentaba que el plan de manejo ambiental no podía fijarse por sentencia, y que era su potestad, lo que fue rechazado por la Corte Provincial.

Antecedentes

La Cámara de Apelaciones con competencia Administrativo y Electoral de Capital había dado curso  al amparo, al tener en cuenta que estaba en juego el derecho a un ambiente sano, y eso comprendía el derecho de la salud, que se encuentra consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial, y en la Carta Orgánica Municipal.

Sus integrantes expresaron que, por desidia u omisión, la municipalidad lesionó derechos. Esa sentencia se había limitado a hacer cumplir las leyes que promueven la protección del medio ambiente y la prevención de daños, permitiendo a los ciudadanos el libre ejercicio de derechos fundamentales. Agregaron que el municipio no demostró ejercer acciones positivas sino luego de recibir la orden judicial tal como surgía de la medida cautelar. Con anterioridad, no acreditó el cumplimiento de sus deberes.