• El Instituto Médico Forense realizó la primera comisión interdisciplinaria en Caá Catí con la Unidad Pericial Móvil

Durante la jornada se realizaron pericias interdisciplinarias y una capacitación con instituciones locales. El ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Fernando Augusto Niz, participó de manera remota y destacó que este tipo de experiencias permiten mejorar y perfeccionar distintos aspectos del servicio judicial, además de fortalecer el acceso a justicia para los sectores más vulnerables.

El Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes llevó adelante una comisión interdisciplinaria en la localidad de Caá Catí, donde se realizaron pericias sociales, pediátricas y evaluaciones especializadas en expedientes provenientes de los juzgados de Caá Catí, Santa Rosa y Loreto. 

La actividad se concretó el viernes 6 de marzo mediante la utilización de la Unidad Pericial Móvil, herramienta que permite acercar los servicios judiciales a comunidades alejadas, optimizando recursos y garantizando el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad. 

Además, se desarrollaron intervenciones coordinadas mediante conexión satelital, lo que permitió la participación remota de profesionales y la articulación con otros organismos vinculados a la protección de sectores vulnerables.

Participación del ministro Fernando Augusto Niz

En el marco de la actividad, el ministro del Superior Tribunal de Justicia y coordinador de la Justicia de Paz, doctor Fernando Augusto Niz, participó de manera remota mediante videoconferencia, manteniendo un intercambio con la jueza local y los facilitadores judiciales de Caá Catí y Loreto.

En esa oportunidad, el Dr. Niz destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acercar el servicio de justicia a las comunidades del interior provincial.

“Uno de los grandes desafíos del Poder Judicial es garantizar que el acceso a la justicia sea real y efectivo para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que viven en zonas alejadas o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social”, expresó el ministro.

Asimismo, subrayó que herramientas como la Unidad Pericial Móvil permiten superar barreras geográficas y económicas que muchas veces dificultan que las personas puedan acceder a pericias y evaluaciones especializadas.

“La presencia de equipos interdisciplinarios en territorio, a través de esta unidad móvil, permite que muchas personas que de otro modo tendrían dificultades para trasladarse hasta la capital o centros urbanos puedan recibir la atención necesaria para sus procesos judiciales”, señaló.

El ministro también remarcó el valor que tiene la experiencia acumulada en este tipo de operativos para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.

“Producto de la experiencia que se va acumulando en estas intervenciones, se logran perfeccionamientos en distintos aspectos del trabajo judicial. Cada actividad de este tipo nos permite mejorar la coordinación institucional, optimizar recursos y fortalecer las herramientas que garantizan el acceso a la justicia”, afirmó.

Trabajo articulado y capacitación

Durante la jornada también participaron autoridades de la Dirección de Adultos Mayores, autoridades municipales y sanitarias, quienes intercambiaron criterios de actuación ante situaciones de vulnerabilidad detectadas en la región.

En ese contexto se realizó una capacitación específica sobre la problemática de adultos mayores, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de intervención institucional frente a estos casos.

La comisión comenzó a las 7 de la mañana y finalizó a las 15 horas, logrando optimizar recursos profesionales y resolver numerosos trámites judiciales sin generar gastos de viáticos, al tiempo que se garantizó el acceso a la justicia a personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad social.

La comisión estuvo integrada por los doctores Juan Ignacio Molina y Diana Lancelle (Médicos Forenses), la licenciada Karina Escalante (Trabajadora Social) y la licenciada Cynthia Gonzalez Zequeira (Psicóloga), asistidos por la licenciada Romina Dos Santos y el Técnico Javier Iglesias de la Dirección de Informática y bajo la coordinación pericial del doctor José Gálvez.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 hizo lugar a la demanda de un usuario y concluyó que la entidad bancaria no estaba autorizada a debitar automáticamente el saldo de la tarjeta antes de la fecha de vencimiento del resumen.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Corrientes, a cargo de la jueza doctora Sonia Elizabeth Filipigh, hizo lugar a una demanda promovida por un cliente contra el Banco de Corrientes S.A. y ordenó a la entidad cesar en la práctica de debitar de manera anticipada el saldo total de la tarjeta de crédito.

La magistrada consideró que el banco no estaba habilitado por el contrato suscripto con el usuario para realizar esos débitos antes del vencimiento del resumen y encuadró el caso dentro del régimen de protección al consumidor.

El hecho

El demandante, titular de una tarjeta de crédito Visa emitida por el Banco de Corrientes, inició una acción judicial al advertir que la entidad debitaba automáticamente el total del resumen desde su cuenta bancaria varios días antes de la fecha de vencimiento.

Según planteó en la demanda, esa práctica se realizaba de forma sistemática —en ocasiones cuando se acreditaban sus haberes— y le impedía disponer de su dinero hasta la fecha en que realmente correspondía pagar la obligación.

El actor sostuvo que esa modalidad era abusiva, ya que el contrato indicaba que el pago debía efectuarse hasta la fecha de vencimiento, y que el banco no podía retirar los fondos con anterioridad sin una autorización expresa.

La resolución de la jueza

Al analizar el contrato firmado entre las partes, la jueza concluyó que la autorización otorgada por el cliente era para debitar el pago al vencimiento del resumen y no antes, por lo que el accionar del banco resultaba improcedente.

La magistrada también remarcó que privar al usuario de su dinero antes del vencimiento implica impedirle disponer, invertir o utilizar esos fondos durante ese período, lo que puede generarle un perjuicio económico.

Por ello resolvió hacer lugar a la demanda, ordenar al Banco de Corrientes cesar en la práctica de debitar los resúmenes de tarjeta antes de su vencimiento y imponer las costas del proceso a la entidad demandada.

El gobierno de la provincia de Corrientes presentó «Tutores», una nueva herramienta digital diseñada para facilitar el seguimiento del rendimiento escolar de los estudiantes. Esta aplicación permitirá que padres y responsables accedan de manera rápida y sencilla a toda la información académica de los alumnos.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán consultar datos fundamentales sobre la trayectoria escolar de sus hijos, tales como:

Calificaciones: Visualización del desempeño académico.

Asistencia: Registro detallado de las asistencias e inasistencias.

Calendario: Novedades y fechas importantes de la agenda escolar.

Según pudo constatar El Litoral, la aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en las tiendas digitales, aunque los usuarios aún deben aguardar la comunicación y confirmación oficial por parte de las autoridades educativas para iniciar su utilización efectiva.

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Ayer 5 de marzo, la Juez de Garantías de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno por el que dicta condena en caso de narcomenudeo, la primera de la provincia desde la sanción de la ley 6725.

Este Jueves, en audiencia fijada por Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia a cargo de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Mercedes, presentó ante la magistrada un acuerdo de juicio abreviado pleno por un hecho ocurrido el pasado 10 de enero, mediante el cual el imputado, asistido por su defensor Dr. Alejandro Exequiel Gómez; aceptó de manera clara y expresa, la acusación y las pruebas tenidas en cuenta para corroborar el hecho, asimismo la tipificación bajo el delito acusado y la pena solicitada por la fiscalía.

Hechos y calificación

El pasado 10 de enero de este año, alrededor de las 00:00 horas, sobre Ruta Provincial N° 24, en jurisdicción de la localidad de Mariano I. Loza,el imputado tenía bajo su inmediata disponibilidad un bulto plástico de color negro que contenía en su interior 66 envoltorios con sustancia que posteriormente fue determinada científicamente como cocaína, con un peso total de 38 gramos; y 11 envoltorios con sustancia vegetal que contenía compuestos cannabinoides, con un peso total de 15 gramos. Al advertir la presencia del móvil policial que se encontraba realizando tareas de prevención, el imputado arrojó dicho bulto hacia la banquina de la ruta, intentando desvincularse del mismo, siendo inmediatamente interceptado y posteriormente secuestradas las sustancias.

El hecho así imputado, fue calificado bajo las previsiones del delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto y penado por el artículo 14, primer párrafo de la Ley 23.737, de aplicación en virtud de la ley de desfederalización 26052 y la reciente ley provincial 6725 sancionada en octubre pasado, por la que el estado provincial se adhiere, asumiendo la competencia “para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma en las condiciones y con los alcances que la misma establece.”

Tratamiento y condena

Durante el desarrollo de la audiencia y ante la Juez, el imputado, que cumplió prisión preventiva hasta la audiencia, asistido por la defensa; expresó su conformidad en forma libre y voluntaria de los términos de acuerdo y su entendimiento sobre las consecuencias del mismo, principalmente las pruebas que se tuvieron en cuenta y la pena acordada, que fue de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso y reglas de conducta por el mismo término.

La Dra. Benasayag homologó el acuerdo presentado, luego de cerciorarse que el imputado prestó su conformidad en forma libre y voluntaria, entendió sus términos y consecuencias, y su conocimiento de su derecho a exigir el juicio oral. Finalmente dictó condena contra el imputado a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento en suspenso; y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo término.