Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), realizan hoy su tercera jornada de paro de 24 hs sin asistencia a los lugares de trabajo. Se trata de un plan de lucha que se inició en marzo y que ha tenido alto acatamiento en las dos huelgas anteriores, paralizando el motor que hace funcionar las facultades e institutos, administrado por el sector no docente.

Los reclamos se mantienen inalterables: en defensa de los salarios; por el acceso a paritarias libres; la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario; y en defensa de la UNNE y su presupuesto.

“A pesar de que hemos tenido victorias en el ámbito de la justicia, las mismas han sido parciales. El Poder Judicial dejó en claro que el Gobierno Nacional debe aplicar la ley de Financiamiento Universitario votada y ratificada por el Congreso Nacional” dijo Liza Hortt, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ATUN)

La resolución judicial exige garantizar la actualización de salarios, el financiamiento del sistema universitario y el sostenimiento de becas estudiantiles; frente a una situación crítica marcada por el deterioro salarial y el desfinanciamiento. Además, deja en evidencia la ilegalidad de intentar suspender la aplicación de la ley mediante decretos, señalando una “inobservancia clara” de las obligaciones del Estado.

“Los no docentes tenemos muy claro porque estamos luchando, somos trabajadoras y trabajadores que tenemos puesta la camiseta de la universidad pública, porque sabemos de su importancia para lograr el ascenso social y una sociedad más justa; por eso masivamente salimos a defenderla y esto se nota en el acatamiento a los paros” dijo Hortt.

Las próximas medidas de fuerza dispuestas por el Consejo Directivo de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), con el apoyo de los sindicatos de base de 53 universidades nacionales, serán el 17 y el 23 de abril.

Se trataba de un trámite iniciado por la curadora de una mujer con prisión perpetua. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes determinó que corresponde al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes intervenir en un pedido de autorización para escriturar un inmueble, al tratarse de una cuestión patrimonial y no vinculada a la ejecución de la pena.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, mediante la Resolución N° 214 de fecha 13/06/2025, resolvió un conflicto entre dos juzgados que no se consideraban competentes para intervenir en un mismo trámite.

El pedido fue realizado por la curadora de los bienes de una persona condenada a prisión perpetua junto con el apoderado de otra persona, para obtener autorización judicial y poder firmar la escritura de una parte de un inmueble.

Según explicaron, la operación se vincula a un boleto de compraventa firmado en 2006 y buscaba evitar un nuevo juicio.

Conflicto de competencia

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes entendió inicialmente que debía intervenir el Juzgado de Ejecución de Condena, por tratarse de una persona privada de libertad.

Pero ese juzgado rechazó la competencia y aclaró que solo interviene en cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la pena, no en temas patrimoniales.

Ante esta situación, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia para definir qué juzgado debía continuar el trámite.

Resolución del STJ

El Tribunal determinó que el caso debe seguir en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes, porque lo que se discute es un tema de carácter civil.

En palabras del fallo, “el elemento determinante de la competencia (…) no es el sujeto que interviene en el litigio sino la materia debatida”.

Es decir, no importa que la titular del inmueble esté condenada, sino que el pedido trata sobre una operación patrimonial.

El STJ explicó que el Juzgado de Ejecución de Condena tiene funciones específicas: controlar el cumplimiento de la pena y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Eso incluye, por ejemplo, decisiones sobre salidas, régimen penitenciario o condiciones de detención. Pero no le corresponde intervenir en temas civiles, como la venta o transferencia de bienes.

¿Qué pasa con los bienes de una persona condenada?

El Tribunal recordó que una persona condenada no pierde sus derechos, aunque sí tiene limitada la posibilidad de administrar sus bienes.

Por eso se designa una curadora, que actúa en su nombre. Sin embargo, para realizar ciertos actos —como vender o escriturar un inmueble— necesita autorización judicial.

Esa autorización debe darla un juez civil, que es quien evalúa si la operación es conveniente para la persona representada.

El STJ también señaló que ambos juzgados deberán mantenerse en contacto para evitar inconvenientes, por ejemplo si es necesario que la persona condenada participe en alguna instancia del trámite.

El presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Corrientes, el senador Gustavo Adolfo Valdés, confirmó la realización de un importante encuentro partidario en la ciudad de Goya, que reunirá a dirigentes y presidentes de comités de la zona sur.

En diálogo con el periodista Gerónimo Vega, Valdés explicó que la convocatoria tiene como eje central la organización interna del partido y el análisis de la actualidad política en sus distintos niveles. “Vamos a trabajar sobre el funcionamiento partidario, la labor cotidiana en el manejo del partido y también abordar la realidad nacional, provincial y local, que es fundamental para la marcha del radicalismo”, señaló.

El encuentro tendrá carácter regional y contará con la participación de autoridades partidarias de distintas localidades del sur correntino. En ese sentido, el dirigente destacó la importancia de federalizar la actividad del partido: “Estamos llevando la Unión Cívica Radical al interior provincial, saliendo de la central en Capital, para fortalecer el funcionamiento en cada zona”.

Además, durante la reunión se ratificará el acompañamiento político al gobierno provincial, en el marco de la alianza oficialista. Valdés subrayó que existe un trabajo articulado y un respaldo mutuo: “Somos parte de la alianza gobernante y vamos a seguir acompañando al gobierno de la provincia, porque queremos que a Corrientes le vaya bien”.