La Corte Provincial hizo lugar parcialmente a un recurso de inaplicabilidad de ley y modificó la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Consideró que la comuna debió exigir a los organizadores medidas de seguridad para realizar una caravana en el 2012, en la que falleció una joven. El abogado penalista, Ricardo Sosa, habló sobre el caso. 

El Superior Tribunal de Justicia, mediante Sentencia Contencioso Administrativa N°18/2020, y por unanimidad hizo lugar parcialmente a un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la madre de una comparsera que en enero de 2012 cayó de una carroza mientras participaba de una caravana para promocionar los carnavales de Esquina. La joven falleció.

Tanto primera instancia, como la Alzada afirmaron que la responsabilidad del accidente recayó en la entidad organizadora del evento, la Sociedad Sportiva Esquinense y el chofer que conducía. Se rechazó la responsabilidad del municipio considerando que cumplió su deber cortando el tránsito y disponiendo el personal necesario para controlar la caravana autorizada.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo entendió que no se configuró una falta de servicio por parte del municipio.

Los agravios

La actora consideró que el accidente ocurrió en parte por la falta de servicio de la municipalidad ya que tenía la obligación y el deber de velar por la seguridad de los participantes. E indicó que no debería haber autorizado el show si no estaban garantizadas las medidas necesarias.

El fallo del STJ

En el primer voto, el presidente del Superior Tribunal, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez afirmó que la municipalidad era responsable también de lo sucedido.

“La falta de servicio denunciada se configura al autorizarse la caravana sin que la entidad solicitante acreditara la adopción de medidas de seguridad adecuadas ni la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los eventuales daños a terceros o a la estructura vial dado el riesgo que dicha actividad implica”, sostuvo.

Y agregó que la municipalidad para autorizar el evento debía exigir a la Sociedad Sportiva Esquinense, como indica el artículo 60 de la ley 24.499, la adopción de medidas de seguridad pertinentes y la contratación de un seguro por los eventuales daños a terceros o a la estructura vial. 

Al voto del doctor Rey Vázquez, adhirieron los doctores Alejandro Alberto Chain, Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan .

Se trata de un beneficio que las autoridades nacionales implementaron al comienzo de la pandemia. La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 787/2020C 

El Gobierno extendió por otros tres meses consecutivos el pago del plus salarial de 5 mil pesos para los empleados del sector de la salud, por lo que este adicional será abonado también junto a los haberes correspondientes a agosto, septiembre y octubre. La decisión se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 787/2020.

De esta manera, las autoridades nacionales continuaron con este beneficio transitorio que fue otorgado a comienzos de la pandemia del coronavirus y que inicialmente era solo para abril, mayo, junio y julio, alcanzando a más de 560 mil personas, según cifras oficiales.

Con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, se decidió que esa medida será prolongada “por tres períodos mensuales y consecutivos adicionales” a los ya mencionados.

El documento aclara que esta suma “es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones, estando sujeta a las características, alcances y condiciones que se establecen en el Decreto Nº 315 del 26 de marzo de 2020 y sus normas complementarias”.

Esa norma había fijado un pago extra de 5 mil pesos “a cargo del Estado” para los “profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en instituciones asistenciales del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19”.

Además, en ese texto se aclaró que la suma en cuestión estaría “sujeta a la efectiva prestación de servicios”, por lo que si durante el período establecido, el empleado no asistió a su lugar de trabajo, total o parcialmente, en forma justificada, la suma a abonar “se ajustará proporcionalmente” al tiempo que estuvo en actividad, “con excepción de los casos afectados por COVID-19 conforme los protocolos vigentes, que recibirán la asignación completa”. Un ejemplo de este último punto es el de los médicos que deben aislarse forzosamente por presentar síntomas luego de estar en contacto con un infectado.

Por otra parte, la norma también detalló que los profesionales de este rubro que tengan más de un trabajo por el que pudieran acceder al beneficio, el mismo será otorgado solamente por uno de sus empleos, mientras que aquellos que se desempeñen “en tareas discontinuas o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida legal o convencional, el incentivo extraordinario resultante será proporcional a la jornada cumplida”.

El pago de este beneficio se realizará “identificando a los trabajadores y trabajadoras por número de CUIL, conforme las declaraciones juradas de cada representante legal”, para esto, las instituciones de salud pública y privada de todo el país “deberán confeccionar un listado” del personal a su disposición que cumpla con las condiciones previstas en este Decreto, “indicando el monto en cada caso que les corresponde percibir”. Estas datos podrán ser luego verificados por la AFIP.

En los considerandos del nuevo Decreto publicado este lunes, el Gobierno señaló que “los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de salud fueron declarados y declaradas personal esencial por el Decreto N° 297/20 y por lo tanto no pueden acogerse a la suspensión del deber de asistencia, sin perjuicio de que sus familiares se encuentren atravesando las mismas dificultades que el resto de la población”.

En este sentido, se recordó que “más de 560.000” de empleados de este sector recibieron “una asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios, de carácter no remunerativo” en los meses de abril, mayo, junio y julio por haber estado “abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19”.

“La situación epidemiológica actual exige la continuidad de esta política de incentivo, con el objeto de estimular la labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los diferentes establecimientos de salud, tanto en el sector público, privado y de la seguridad social”, consideraron las autoridades nacionales.

Además, señalaron que “es importante destacar el reconocimiento en todo el mundo de la calidad, el empeño y la dedicación que desarrolla” el personal sanitario, por lo que “resulta aconsejable” que se siga implementando el “pago diferencial extraordinario” mencionado.

Por último, el Gobierno remarcó que el riesgo de contagio es mayor entre los trabajadores de los servicios de salud, ya que están “en contacto directo con los afectados y las afectadas por el virus” y “por su exposición a sectores que concentran alta carga viral”.