La Cámara alta retoma la actividad con el debate de varios proyectos importantes para el Gobierno. Vuelve la tensión política al Congreso tras el receso. Dos se destacan: la reforma previsional y; la modificación de un artículo del Código Penal de la Nación impulsada por la desaparición del niño correntino.
CORRIENTES, 29 DE JULIO DE 2024. A pocos días del comienzo de agosto, en el horizonte del Senado aparecen las nuevas luchas que el oficialismo tendrá que enfrentar en el segundo semestre. En la agenda figuran la reforma jubilatoria, cambios en el Código Penal de la Nación, y secundariamente la reforma política con la boleta única de papel (BUP), y el debate de los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema. La Fase 2 del Gobierno también se jugará en el Congreso y hay promesa de partido con la oposición.
Jubilaciones
El pasado 4 de julio, con el apoyo de los bloques dialoguistas, el oficialismo senatorial neutralizó el intento del kirchnerismo por tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, Eduardo Vischi (Corrientes).
Ése mediodía, Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión que sería llamada para la primera quincena de agosto.
La acción de los dialoguistas tuvo como objetivo rescatar a La Libertad Avanza de la embestida K para avanzar en la iniciativa. El movimiento anticipatorio fue repudiado por el bloque K, que necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente.
El proyecto de movilidad jubilatoria propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.
El proyecto que roza el caso Loan
En la misma sesión, los senadores debatieron el proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprime con prisión de 3 a 10 años a «quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad».
La iniciativa fue aprobada en general por con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concretó en medio de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña. No obstante, por las divergencias en algunos artículos, el cuerpo mocionó en favor del regreso a comisión del proyecto en la cual ya se realizó un primer encuentro.
El cambio prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un «precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
En esa línea, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de «5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».
