El Superior Tribunal de Justicia de la provincia ratificó el fallo a tres años de prisión contra Ricardo Nicolás Prieto, por utilizar agrotóxicos que causaron el deceso de un menor y lesiones a una niña.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena contra un productor agropecuario por la muerte de un niño y lesiones graves contra una menor, al utilizar agrotóxicos para fumigar su campo.

Si bien, el hecho ocurrió en marzo de 2011 en una chacra de tomates y hortalizas, propiedad de Ricardo Nicolás Prieto, ubicada en la localidad correntina de Lavalle, la Corte provincial ratificó la sentencia este martes.

Prieto fue condenado en 2020 a la pena de tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo, y lesiones culposas contra Celeste Estévez, por utilizar productos químicos en un campo de su propiedad.

“Todos los elementos de prueba valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y demostrada sin ninguna duda la culpabilidad”, indica la resolución del Tribunal Superior correntino.

En la sentencia se destaca que la muerte de Arévalo sucedió al momento en el que el niño, corría por la chacra y cayó sobre el barro, por lo que tuvo contacto directo con el agrotóxico vertido por el propietario del campo.

Asimismo, la prima del niño intentó ayudarlo y fue en ese momento cuando también resultó afectada por el producto químico que le dejó graves consecuencias de salud.

Ante el hecho, la Justicia correntina pudo demostrar que el productor desplegó una “conducta indebida e imprudente en la utilización del órgano clorado alfaendosulfán, un agrotóxico que se encontraba en el barro de la zanja y el aire producto de las derivas del veneno”. Ya que, con el tiempo, el niño sufrió un edema agudo de pulmón que le ocasionó la muerte.

Por decisión del gobernador Juan Pablo Valdés, el Gobierno de Corrientes concretó una nueva entrega de asistencia alimentaria destinada a los 260 ex operarios de la textil Alal, que cerró sus puertas en la ciudad de Goya.

La ayuda fue canalizada a través del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, en articulación con la Municipalidad local, y representa la segunda partida otorgada en menos de un mes. El primer aporte se había realizado el pasado 10 de febrero, en una actividad encabezada por el ministro José Irigoyen junto al intendente Mariano Hormaechea.

En las últimas horas, se concretó esta nueva entrega como parte del acompañamiento dispuesto por el Ejecutivo provincial tras el cierre definitivo de la planta de hilados y telas. Desde la cartera social confirmaron que la medida busca brindar contención inmediata a las familias que quedaron sin su fuente laboral.

«El gobernador nos indicó que no podemos estar ausentes ante una situación tan compleja. Por eso estamos monitoreando el impacto en cada familia y garantizando asistencia alimentaria, además de otros beneficios», señaló Irigoyen. Entre esas medidas, mencionó la exención de la tarifa eléctrica para los trabajadores afectados, vigente hasta que se logre destrabar el conflicto de fondo.

En paralelo, desde el área de Industria del Gobierno provincial continúan las gestiones para encontrar una solución a la situación laboral de los despedidos, quienes reclaman el pago total de las indemnizaciones correspondientes.

Cabe recordar que la empresa Emilio Alal confirmó el pasado 28 de enero el cierre definitivo de sus plantas en Goya, argumentando que el contexto actual volvió «inviable la continuidad de sus operaciones». La decisión dejó a 260 trabajadores sin empleo y abrió un conflicto que aún permanece sin resolución.