Con una protesta unificada visibilizaron el reclamo de las ciudades de ambas orillas del río Uruguay.   

Argentina y Brasil se unieron para visibilizar el reclamo por obras de mejoras en el Puente Internacional Agustín P. Justo-Getulio Vargas que une Paso de los Libres con Uruguaiana.

Cabe señalar que en las últimas horas el Distrito 10 de Vialidad Nacional y el Municipio libreño anunciaron un convenio para realizar trabajos de manera conjunta sobre el paso internacional.

Cabe señalar que se movilizaron la Cámara Libreña de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas y Afines (Calibre) a cargo de  Delia Flores, y el Centro de Agentes de Transporte Aduanero (Cata) con la titularidad de Raúl González, así como el Centro de Despachantes de Paso de los Libres (CDA).

El planteo central estriba en la situación del estado de abandono y falta de mantenimiento integral del puente 

En tal sentido Raúl González, dialogó en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio donde destacó que “hemos puesto de manifiesto nuestra preocupación  por un puente casi intransitable donde nos preocupa porque es dramática la situación. Existen algunos cáteres y roturas que prácticamente permiten ver el agua del río”, alertó en referencia al cauce del Uruguay.

Alertó además que “hay casos de autos roto porque caen en esos pozos y se rompen la parte de abajo. Estamos pasando por una situación casi límite entonces nos nucleamos las tres cámaras de comercio exterior”. 

Destacan que es el puerto seco mas importante que nos se tiene con Brasil, principal socio del Mercosur, y la movilización contó con la adhesión de comerciantes y vecinos de la ciudad. 

En otro orden de cosas describió que el lunes se reunió con Daniel Flores director de Vialidad Nacional.

 “Nos mencionó que tuvieron cuatro llamados a licitación. Las tres primeras cayeron. Eran por un valor bastante inferior al que realmente se necesita para la reconstrucción, reparación y mantenimiento del puente y los que se habían presentado presentaron un presupuesto mayor a eso entonces las tres primeras cayeron por ese motivo. En la cuarta directamente no hubo oferentes”, remarcó.

En cuanto al convenio de la entidad con la Comuna libreña sostuvo que “de concretarse tiene como mínimo cinco meses y tal vez también un poco más”.

Finalmente resaltó que “el intendente municipal de Uruguayana también que está muy preocupado por la situación”.

• La fecha recuerda una inauguración histórica para esta modalidad del sistema educativo, que fue reconocida como tal por la Ley Nacional de Educación del 2006.

El Día de la Educación Especial se celebra en Argentina cada 9 de agosto y destaca a esta modalidad de la enseñanza, que busca facilitar el acceso a las aulas para las personas con discapacidades.

Le efeméride está asociada a la creación de la Dirección de Educación Especial, un día como este pero del año 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. En aquel entonces, el reconocimiento a este tipo de enseñanza estuvo impulsado por los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada el 10 de diciembre del año anterior.

En su artículo 26, el organismo internacional subrayó el alcance que debe tener la enseñanza en la sociedad: “Toda persona tiene derecho a la educación”, se lee en el documento que fue suscripto por nuestro país. Y agregan: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.

Esta directiva permitió fortalecer esta modalidad de la enseñanza, que tiene como uno de sus objetivos -según el Ministerio de Educación- “dar orientaciones, apoyos o recursos a las escuelas” para que puedan servir a todo tipo de estudiantes, en especial a aquellos que requieren un proyecto pedagógico diferenciado.

Cuándo se consolidó en Argentina

La consolidación definitiva llegó con la Ley de Educación Nacional que, firmada en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner, la estableció -en el artículo 42°- como una modalidad del sistema educativo dedicada a “asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo”.

Su ámbito, según lo define la legislación, son “aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común”.

En este sentido, la licenciada en Educación Especial Elva Gabriela Rosell habló con la agencia Télam acerca de las múltiples funciones que desempeñan estos profesionales. Según dijo, “actualmente, despliegan su accionar en ámbitos formales y no formales”; es decir, que su tarea abarca toda la vida de una persona “desde los servicios de atención temprana, hasta la educación permanente de personas adultas con discapacidad”.

Y añadió: “Ofrecen orientación y asesoramiento en equipos inter y transdisciplinarios, llevan adelante procesos de inclusión educativa; trabajan interinstitucionalmente desde las Escuelas Especiales, en sedes o centros de educación integral, diseñando e implementando propuestas pedagógicas tendientes a sostener culturas y prácticas inclusivas”.

Rosell también destacó la amplitud de sectores en los que puede trabajar un profesional de la educación especial: “El campo es amplísimo, se desempeñan en equipos de gestión, consejos municipales, organizaciones sociales y gubernamentales, observatorios de Derechos Humanos y Discapacidad, y también, en la Educación Superior, donde conforman equipos docentes, a la vez que dirigen e integran programas de accesibilidad, proyectos de investigación y de acción sociocomunitaria”.

Qué es el Proyecto Pedagógico Individual

En nuestro país, la ley establece que las escuelas comunes no pueden rechazar a los estudiantes con discapacidad. Hacerlo equivale a un acto de discriminación. Por eso, a la hora de acercar los contenidos educativos a todos, los docentes tienen que usar distintas herramientas pedagógicas para nivelar las desigualdades que puedan generarse en el aula.

Esto se debe a que el espíritu mismo de la educación especial es buscar el mejor camino para cada persona, lo cual se hace a través de lo que el Ministerio de Educación denomina Proyecto Pedagógico Individual (PPI), que es -por definición- “una forma de eliminar las barreras al aprendizaje que pueden encontrarse en los programas de estudios”.

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto de la ley 27.669 donde aprobó la producción industrial de cannabis, permitiéndole al Estado otorgar licencias de este nuevo sector de la economía nacional.

El gobierno espera que a través de esta nueva ley se generen en los próximos años 10 mil puestos de trabajo, satisfaciendo una demanda de aproximadamente seis millones de usuarios.

Esta ley sancionada en mayo de 2022 posee como objetivo establecer la cadena de producción y comercialización local o con fines de exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial.