Nueve provincias acordaron que no pedirán cuarentena ni hisopados para las vacaciones Las nueve provincias que acumulan la mayor cantidad de turistas en temporada de verano no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo.Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano.Así lo acordaron sus gobernadores con el Ministerio de Turismo y Deportes (Mintur Dep), informaron hoy fuentes de esa cartera.A lo sumo, algunas de esas provincias pedirán inscripción previa en el «registro vacacional», que asienta el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero dentro del país.Además de no exigir la realización de una cuarentena ni el test denominado PCR, en estas regiones los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje, mediante acuerdos establecidos por sus gobiernos con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.Desde el Mintur Dep explicaron a Télam que se trató de un trabajo realizado por el ministro y su equipo, en contacto con gobernadores y ministros de esa provincias para homogeneizar los requisitos para el verano.Algunas provincias pedirán un control mediante el registro vacacional, para lo que ya están en contacto con la Secretaría de Innovación Pública como el caso de Buenos Aires con la aplicación Cuidar Verano que empezará a utilizarse a partir del 1 de diciembre-, precisaron las fuentes.La distribución y variedad de oferta de estas nueve provincias genera un amplio abanico de posibilidades para el turismo de verano, que va desde las alturas del Noroeste Argentino hasta el Fin del Mundo, pasando por playas balnearias, lagos patagónicos, sierras, ríos y lagunas con distintos climas y propuestas.Además, este sábado Lammens confirmó que se abrirán las fronteras para el ingreso al país de turistas de países vecinos: «Estamos pensando en que puedan volver a ingresar turistas extranjeros de países limítrofes, de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. Hemos trabajado toda la semana con el ministerio de Salud para poner las condiciones para que esto pueda suceder». En principio el ingreso solo sería por vía aérea (Ezeiza) y por el Puerto de Buenos Aires para el ingreso de los ferrys de Uruguay. Esto es, no se incluirían los micros.»Eventualmente podría agregarse algún paso fronterizo que consideremos que está en una buena situación sanitaria», indicó

La Corte falló contra Gildo Insfrán y ordenó la libre circulación de los más de 7.500 formoseños varados El Máximo Tribunal resolvió por unanimidad que las autoridades provinciales resuelvan la situación de las personas que aún no pudieron regresar a la provincia en menos de 15 días.Son más de 7.500 los varados que aún no pudieron regresar a Formosa La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de Gildo Insfrán y a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas mientras las autoridades locales no lo permitían.“El Tribunal resuelve: ordenar a la Provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles a partir del día de la fecha, ajustando el programa a las pautas constitucionales referidas en los considerandos anteriores”, sostiene el fallo de la Corte al que tuvo acceso Infobae.Durante los últimos días habían crecido los cuestionamientos a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y a las autoridades de su gobierno que rechazaron durante ocho meses el retorno de miles de formoseños y formoseñas que quedaron varados en otras provincias luego de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.Dichas negativas estuvieron enmarcadas dentro del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa, el cual reguló -mediante una serie de requerimientos la entrada de los formoseños que se encontraban en otros sitios del país.La Corte consideró que en dicho programa ”no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho este especialmente reconocido en la Constitución Nacional y en los citados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos”.En ese lapso, tal como denunció Amnistía Internacional, muchos debieron dormir en la ruta e incluso quedaron a la intemperie en otras provincias por la falta de recursos para retornar y la inseguridad de que allí la Policía de Formosa los dejaría ingresar.

|¿El aborto es prioridad?- Desempleo: 13,1%- Pobreza: 40,9%- Hacinamiento crítico: 1,4 millones de personas- 4,6 millones sin saneamiento- 7 de cada 10 chicos no saben MatemáticasInflación: 3.8 (sólo en octubre)

«Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias», dijo el ministro de Trabajo.  C 

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el gobierno nacional prorrogará hasta fines de enero del año próximo la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa y hasta fines de febrero la doble indemnización.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro del área, se conocerá en las próximas horas, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según indicaron a Télam fuentes de la cartera de Trabajo.

En declaraciones radiales, Moroni sostuvo además que el Estado «no se retira» de la asistencia a los sectores más vulnerables sino que «readecua» esa ayuda, al tiempo que señaló que «los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos» con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno.

«Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias. Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor», sostuvo el ministro en declaraciones a radio La Red.

«Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor»

CLAUDIO MORONI

La doble indemnización -que vence el 25 de este mes- será prorrogada hasta «fines de febrero», según precisó Moroni sobre el decreto que ya fuera anteriormente extendido tres veces en el marco de las medidas para morigerar el impacto económico del aislamiento social para frenar el avance del coronavirus.

El funcionario explicó que la medida buscó desde un primer momento «proteger los contratos» en un contexto de pandemia, por lo cual «desde marzo suspendimos los despidos sin causa y las suspensiones sin pago de salario, y ahora seguimos con esta prórroga, por lo que no hay ninguna novedad».

«Si bien estamos entrando en una etapa importante de recuperación económica, consideramos que no hemos salido plenamente (de las consecuencias de la pandemia) por lo que mantenemos estas medidas», indicó.

Por otra parte, sobre la generación de empleo, el titular de la cartera laboral consideró que «necesitamos llevar adelante un plan de desarrollo como el que impulsa el Gobierno» y remarcó que existe una «vocación» de ir hacia adelante en ese tema porque la generación de trabajo «no es un hongo que crece solo».

También dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es «una herramienta extraordinaria» que dejará de ser implementada porque «estamos modificando los mecanismos de ayuda económica ya que se empieza a reactivar la actividad».

«Dijimos que el IFE era una medida extraordinaria en un contexto de parate de la economía, que ahora vemos, está repuntando. Creció el trabajo registrado en monotributistas y eso quiere decir que crece mucho el sector informal», argumentó.

Moroni afirmó que «esto, junto a otros indicadores, muestran que no es necesaria una asistencia tan extraordinaria como el IFE, pero sigue el Ministerio de Desarrollo, sigue la AUH y otros programas» y agregó: «Es decir que se readecua la asistencia, no es que el Estado se retira».

El ministro añadió que «no tiene sentido mantener el mismo grado de asistencia cuando estaba totalmente parada la economía que cuando uno ve que hay actividad» y dijo que esto «tiene que ver con la racionalidad».

Sobre la CGT
Moroni fue consultado también sobre el comunicado emitido esta semana por la CGT, donde la central sindical expresó su preocupación por las medidas «que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales».

En el texto, los sindicalistas sostuvieron que ante la continuidad de la pandemia «no es posible desarmar el andamiaje socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales».

Según Moroni, la relación con la CGT es «perfecta, como siempre, está bien» y añadió: «Es razonable que hayan canalizado sus inquietudes en un momento donde estamos entrando en una nueva etapa (de la pandemia) y donde estamos modificando los mecanismos de asistencia. Eso genera inquietudes».

No obstante, consideró que «en algunas cosas hay ansiedades o falta de información, como que se le podía cobrar las vacunas a las obras sociales, cuando nosotros dijimos claramente que las va a proveer el Estado. Por eso, yo creo que es una mezcla de cosas».

El programa que se empezará aplicar en 2021 busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, “propiciando su acceso a recursos que garanticen sus derechos”, informó el Ministerio de Desarrollo Social.C 

El Ministerio de Desarrollo Social lanzó el programa nacional Potenciar Inclusión Joven, que busca acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La cartera que conduce Daniel Arroyo creó el plan a través de convenios celebrados con municipios, provincias e instituciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, y constituye una herramienta que apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.

Según pudo saber Infobae, la beca se otorga por proyecto y la cartera de Desarrollo Social firma convenios con municipios, organizaciones sociales, instituciones religiosas y define luego qué talleres dar en función de los relevamientos y necesidades que vean en su población alcanzada.

Posteriormente anotan a los jóvenes que van a participar con los talleristas que contrata el municipio, la institución y la ONG.

La beca otorga $8.500 por mes por un año y comienza en 2021. El primer paso para los interesados es mandar un correo electrónico a inclusionjoven@desarrollosocial.gob.ar. Luego se deben acercar a algunas de las organizaciones para continuar la inscripción.

Hasta el momento, el único municipio que ya tiene el convenio firmado es La Matanza. Si bien no hay cupo, inicialmente suma a 100.000 jóvenes. “El objetivo es llegar a un millón”, dijeron .

Los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos para “la inclusión joven de manera directa e individualizada.”

A través de la creación de espacios de inclusión, también se planificará el financiamiento de distintos proyectos de inclusión joven a partir de diagnósticos y estrategias ajustadas a la realidad local, implementando actividades y acciones de promoción de derechos de los jóvenes, según se informó.

El programa Potenciar Inclusión Joven busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, propiciando su acceso a recursos que garanticen sus derechos. Impulsado por la Secretaría de Inclusión Social, propone un estímulo económico y encuentros de formación y debate, entre otras iniciativas que promuevan la participación de les jóvenes en los proyectos, durante los doce meses de implementación.

Asimismo, busca promover activamente su inclusión social a través de herramientas que permitan el acceso a sus derechos básicos e impulsar la participación de los jóvenes en actividades educativas, formativas, sociales, culturales y recreativas.

En ese sentido, desde la cartera de Desarrollo Social señalaron que el programa planea “generar instancias de participación en el desarrollo de sus comunidades, como actores fundamentales y financiar proyectos socioproductivos, sociolaborales, sociocomunitarios y socioeducativos llevados adelante por jóvenes”.

El programa financia proyectos de tipo socio productivos: emprendimientos con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros, en carácter asociativo. También proyectos socio comunitarios: iniciativas de desarrollo territorial que pueden incluir instancias socioeducativas y de formación, de recreación y de acceso a los bienes culturales por parte de la comunidad sobre la que operan. Y por último, aquellos de tipo socio laborales: espacios asociativos orientados a las capacitaciones de formación para el trabajo.

Lo hace a través de la articulación y coordinación con niveles estatales, provinciales y municipales competentes y mediante la articulación y coordinación con organismos no gubernamentales y universidades que prioricen en su trabajo programas y acciones con jóvenes.