El gobernador Juan Pablo Valdés lanzó el acto central por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, que se realizará el 1 de abril a las 18 hs en Ituzaingó, con desfile cívico-militar en el corsódromo.
Además, anunció el séptimo viaje de excombatientes correntinos a las Islas Malvinas, previsto desde el 10 de abril, reafirmando el acompañamiento del Gobierno provincial.
Autoridades destacaron el trabajo conjunto con los centros de excombatientes y remarcaron que Malvinas es una causa de Estado en Corrientes.
También se proyectará el 30 de marzo la película del quinto viaje de veteranos, en el Auditorio Julián Zini.
Ituzaingó será nuevamente escenario para homenajear a los héroes y mantener viva la memoria.
En una causa iniciada en 2019, la Fiscalía del Tribunal Oral de Mercedes (actual Tribunal de Juicio), a cargo del Fiscal Subrogante Dr. Oscar Cañete, acusará ante el Tribunal, a un ganadero de la zona, por haber presuntamente defraudado a una empresa por la administración fraudulenta de cerca de dos mil cabezas de ganado.
El hecho fue inicialmente investigado por la fiscal de Instrucción doctora Alejandra Talamona, y tramitó ante el Juzgado de Instrucción (actual de Garantías) a cargo del doctor Martín Vega, a partir de la denuncia efectuada por la empresa damnificada LANDVER S.A., que se constituyó en actor civil y propuso la aplicación de diversas medidas cautelares contra el procesado.
Hecho acusado
La Fiscalía intentará probar que el acusado Rómulo A. Bobbio, en representación de Balboa y Bobbio SRL firmó un contrato de consignación de venta de ganado vacuno, tomando en consignación la cantidad de 1966 cabezas de ganado bovino de propiedad de LANDVER S.A., que se encontraban en el establecimiento ganadero Buena Vista y que, por venta del inmueble, debían ser trasladados al establecimiento SANTA ANA DEL TREBOL ubicado en la Primera Sección del Departamento Curuzú Cuatiá, propiedad del acusado, hasta el momento de su venta. Una vez vencido el plazo acordado, el acuerdo se renovó en dos ocasiones. Luego del último vencimiento, no habiendo surgido novedades sobre hacienda ni su venta, sumado a varios incumplimientos relacionados al ganado; la empresa intimó en reiteradas ocasiones al procesado por la restitución de la hacienda entregada en administración o su monto en dinero; sin obtener respuestas del mismo. Así el apoderado de LANDVER S.A. se presentó junto a un Escribano para verificar la hacienda en el establecimiento rural, ocasión en la que Bobbio impidió el retiro del ganado, lo que quedó plasmado en actuación notarial. Días más tarde, por medio de allanamientos practicados por la Unidad de Policía Rural, pudo comprobarse la inexistencia de casi la totalidad de las cabezas de ganado, las que habrían sido sacadas del establecimiento rural por quien se encontraba encargado de su cuidado y administración. Se estima el perjuicio en la suma aproximada de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) a la fecha del hecho, ocurrido presuntamente en 2019.-
Debate
Este martes, con el requerimiento de elevación a juicio, el Tribunal Oral Penal conformado por los Dres. Jorge Alberto Troncoso como Presidente, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, como vocales; dará inicio al debate oral que se desarrollará en varias audiencias que tendrán a los representantes de la firma damnificada LANDVER S.A., a responsables del transporte de la hacienda presuntamente defraudada, a varios encargados de la vacunación de los mismos, entre entre otros.
El Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Oscar Cañete, fiscal subrogante de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal, impulsa la acción penal por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7° del Código Penal. El acusado junto al Defensor Oficial subrogante, Dr. Gustavo Grinberg, también es demandado en el mismo proceso por el actor civil Dr. Matias Mosca Tressens, en representación de la damnificada LANDVER S.A. por una indemnización del daño estimada provisoriamente en $50.000.000 (pesos cincuenta millones) a 2019, actualizados a dos millones de dólares aproximadamente. La defensa, en cambio, encamina su posición en negar la veracidad del convenio y por tanto la responsabilidad de su asistido.
El juicio por la muerte del joven correntino entró en su etapa final. Lautaro Rosé, de 18 años, falleció el 8 de noviembre de 2021 tras una persecución policial.
Hoy a las 8 de la mañana en el Tribunal Oral Penal N°1 comenzaron los alegatos en el juicio que se sigue contra seis efectivos policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) que se encuentran imputados por los delitos de “Abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El tribunal está integrado por la doctora Ana del Carmen Figueredo, el doctor Darío Alejandro Ortiz y el doctor Oscar Ignacio Dubrez.
La acusación está a cargo del fiscal, Carlos Lértora; mientras que la querella será representada por el abogado, Hermindo González.
Alegatos de la querella La querella representada por el doctor Hermindo González fue la primera en iniciar sus alegatos. Afirmó; “aquí no estamos juzgando un crimen realizado por el estado ni por la policía si no por funcionarios públicos que incumplieron con su rol” y agregó que “los hechos están acreditados y tenemos que hablar de la calificación legal de coautores penalmente responsables por los delitos de apremios ilegales y abandono de persona”. Por ello propuso la pena de 20 años de reclusión y la inmediata detención de los cinco funcionarios imputados. En lo que refiere a Pruyas Suárez propone también la pena máxima y también inmediata detención. “La gravedad está dada en el contexto y la clandestinidad llevada adelante por los funcionarios” concluyó.
Alegatos de la fiscalía La acusación a cargo del fiscal, Carlos Lértora, se abstuvo de formular acusaciones en virtud del artículo 4 del código procesal penal por insuficiencia probatoria y solicitó la absolución de los seis funcionarios. Argumentó que “la única versión del hecho surge del testigo Meza” y aseguró que “no existen pruebas suficientes producidas en esta audiencia debate como para sostener la acusación tal cual ha sido traída a juicio”.
Los hechos
La madrugada del 8 de noviembre de 2021, Lautaro y sus amigos se encontraban en la costanera sur de Corrientes, cerca del predio del club Boca Unidos. Tras un llamado al 911 por disturbios en la zona, varios móviles policiales acudieron al lugar. Las cámaras de seguridad y testimonios indican que los agentes realizaron un giro en “U” e iniciaron una persecución contra el grupo de jóvenes. Lautaro, sin saber nadar, se vio obligado a lanzarse al río Paraná para escapar. Su compañero, un menor de edad, logró salir del agua, pero denunció haber sido golpeado con patadas en las piernas y en el tórax y esposado, sin registro oficial de su detención. Los informes médicos corroboraron su relato. Además, afirmó que los agentes ignoraron los pedidos de auxilio de Lautaro y lo amenazaron para que no revelara lo sucedido.
Imputados y delitos Los policías Carlos Alberto Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero enfrentan cargos por: abandono de persona agravado por el resultado de muerte, apremios ilegales en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos se encuentran separados de sus funciones y en libertad. Vicente Manuel Pruyas Suárez está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, y continúa en funciones.
Investigan vínculos entre un corralón y el Municipio local.
Tras la serie de allanamientos realizados el pasado viernes por la Gendarmería Nacional en la localidad de Pueblo Libertador, decomisaron bienes por más de $100 millones, tras detectar maniobras sospechosas de presunto lavado de activos, entre un corralón y el Municipio local. Fue una labor encabezada por el Juzgado Federal de Goya a cargo de Cristina Pozzer Penzo, con oficios librados desde la Fiscalía Federal de Mariano de Guzmán. Detallaron que el trabajo investigativo arrancó en el mes de mayo del 2024, a requerimiento de la Justicia Federal, y fue encarado por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya enfocada en verificar presuntas maniobras de legitimación de activos y malversación de fondos públicos. Detallaron que la lupa estaba puesta en el patrimonio de una pareja radicada en la localidad de Pueblo Libertador, donde iniciaron actividades comerciales. Como antecedente, la mujer, había sido detenida en el año 2016 con una carga de cocaína, lo cual dejaba en evidencias vínculos con el narcotráfico.
Aseguran que la investigación abierta apuntaba a desentramar una presunta red de lavado de dinero que tendría como fachada la comercialización de materiales de construcción y alquileres temporales, según se informó. En tal sentido destacaron que el análisis patrimonial y financiero realizado por el Grupo de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional reveló inconsistencias.
Comuna
Además, llamó la atención los vínculos con el Municipio local, ya que gran parte de los ingresos de la firma provenían de transacciones con la Municipalidad de Pueblo Libertador, operaciones que no guardarían proporción con la capacidad de consumo real del mercado local -una población de 5.000 habitantes- ni estaban debidamente justificadas en los contratos analizados, según establecieron. Ante la sospecha de una posible apropiación indebida de fondos de recaudación pública y la simulación de operaciones comerciales para blanquear dinero de origen ilícito, se diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento y tres órdenes de presentación, en las cuales también colaboraron miembros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Como resultado de los procedimientos, secuestraron dos camionetas una Toyota Hilux y otra Ford Ranger; así como dinero en efectivo por más de $3,2 millones y miles de dólares estadounidenses.
También incautaron celulares y abundante documentación de interés para la causa, que serán sometidas a pericias más exhaustivas. El avalúo total de los bienes afectados al proceso asciende a los $112.128.880, puntualizaron.
En otro orden de cosas, y dada la complejidad del caso y los antecedentes de narcotráfico, la investigación solicitaron el apoyo del Centro Internacional de Análisis del Crimen Organizado de la Triple Frontera (Cidecofron). Por orden de la magistrada, los elementos incautados fueron trasladados para su resguardo a los depósitos de la Unidad interviniente y a la base de la Patrulla Fija “Santa Lucía”, dependiente del Escuadrón 48 «Corrientes» de Gendarmería Nacional. Aunque por el momento no se registraron detenciones, la causa continúa y no descartan nuevos operativos para las próximas horas.
Este lunes 16 de marzo inició el segundo período para solicitar la refinanciación de deudas con tarjetas de crédito del Banco de Corrientes(BanCo) destinada a familias, en el marco del programa Corrientes Sostiene. Esta segunda etapa se extenderá hasta el 16 de abril inclusive.
A través de este programa, las familias correntinas podrán refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito a partir de los $100.000, optando por planes de 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial que implica una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales.
Las personas interesadas pueden realizar el trámite de manera simple, llamando al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo) o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa) de lunes a viernes, de 9 a 21 horas en el último caso.
Acompañamiento para empresas
Del mismo modo, continúa vigente el plan “Corrientes Sostiene Empresas”, destinado a compañías y productores que utilicen el 75% o más de su límite de crédito en cuenta corriente o tarjetas corporativas, o que presenten dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
Este segmento de clientes podrá acceder a una refinanciación de hasta el 80% de los saldos en planes de hasta 12 cuotas fijas, con una tasa especial que reduce 15 puntos respecto de las condiciones vigentes. Este tipo de solicitudes deberán tramitarse a través de las sucursales del BanCo, con su oficial de cuenta habitual.
El Gobierno de Corrientes anunció mediante los decretos provinciales N° 397/26 Y 398/26, la lista de los ascensos de la Policía. Se dispuso el ascenso al grado inmediato superior de 1.985 efectivos policiales en total, distribuidos en 440 oficiales y 1.545 suboficiales de la fuerza.
El mandatario participó de la primera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del histórico reclamo que mantiene la provincia por la deuda de regalías que le corresponden por las represas de Yacyretá y Salto Grande.
En este primer encuentro en sede judicial porteña, se logró un diálogo positivo con los representantes de la Secretaría de Energía de la Nación cómo así también con la empresa CAMMESA , lo que permitió establecer una segunda audiencia para el 22 de abril de 2026.
“Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos”, afirmó el gobernador Juan Pablo Valdés al concluir la audiencia.
En este primer encuentro, acompañaron al gobernador el fiscal de Estado, Horacio Ortega, el procurador, José Roa y el titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Pablo Cuenca.
Aunque desde los 4 años vive en instituciones y su vida fue muy dura nunca perdió la esperanza de tener un hogar cálido y contenedor. Admira profundamente a su hermano Samuel, quien logró salir adelante tras ser adoptado y hoy persigue su sueño en la música participando del nuevo programa que busca talentos “Es mi sueño”. La Justicia de Corrientes convoca a personas o familias de todo el país dispuestas a acompañarlo en su camino hacia la vida adulta.
Josué, fanático de Boca Juniors tiene 16 años y muchas ganas de construir su futuro. Su máximo deseo es tener una familia que lo acompañe a la bombonera.
Tiene objetivos claros, como el de estudiar para ser parte de una Fuerza de Seguridad.
Convocatoria Pública
Desde el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro se lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar personas o familias que deseen adoptarlo y acompañarlo en esta etapa clave de su vida.
Actualmente reside en el Hogar Miguel Magone de Corrientes, donde continúa su crecimiento mientras espera la oportunidad de integrarse a un hogar que le brinde contención, afecto y estabilidad.
Un joven responsable y comprometido
Josué cursa el último primer año de nivel secundario y quienes lo acompañan en su trayectoria destacan su compromiso con la escuela y su actitud responsable frente a las tareas.
Es un adolescente colaborador, prolijo y respetuoso.
Entre sus hobbies se encuentran el fútbol y la fabricación de muebles o pequeños objetos en madera, actividades que disfruta especialmente.Una historia de hermanos
Josué nació en una familia muy numerosa: fueron diez hermanos. Dos de ellos fallecieron. Entre todos ellos hay alguien que hoy ocupa un lugar muy importante en su vida: Samuel, su hermano mayor.
Samuel fue adoptado cuando tenía 14 años por una maestra rural. Hoy tiene 20 años y está cumpliendo uno de sus grandes sueños: participar en un programa de canto de la televisión nacional, donde su historia conmovió profundamente al jurado y al público.
Se trata del nuevo programa que se emite por Canal 13 de Buenos Aires “Es mi sueño”,
Para Josué, su hermano es una inspiración. Habla de él con orgullo y lo ve como un ejemplo de que, con oportunidades y acompañamiento, es posible salir adelante.
El deseo de tener una familia
Desde la Oficina de Prensa del Poder Judicial también se realizó un video en el que Josué cuenta en primera persona quién es, qué le gusta hacer y cuáles son sus sueños, con el objetivo de que quienes vean la convocatoria puedan conocerlo un poco más.
Porque detrás de cada convocatoria pública hay una historia, un presente y, sobre todo, la posibilidad de un futuro distinto.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en:
Y enviarlo a:
Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro
El Instituto Médico Forense realizó la primera comisión interdisciplinaria en Caá Catí con la Unidad Pericial Móvil
Durante la jornada se realizaron pericias interdisciplinarias y una capacitación con instituciones locales. El ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Fernando Augusto Niz, participó de manera remota y destacó que este tipo de experiencias permiten mejorar y perfeccionar distintos aspectos del servicio judicial, además de fortalecer el acceso a justicia para los sectores más vulnerables.
El Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes llevó adelante una comisión interdisciplinaria en la localidad de Caá Catí, donde se realizaron pericias sociales, pediátricas y evaluaciones especializadas en expedientes provenientes de los juzgados de Caá Catí, Santa Rosa y Loreto.
La actividad se concretó el viernes 6 de marzo mediante la utilización de la Unidad Pericial Móvil, herramienta que permite acercar los servicios judiciales a comunidades alejadas, optimizando recursos y garantizando el acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad.
Además, se desarrollaron intervenciones coordinadas mediante conexión satelital, lo que permitió la participación remota de profesionales y la articulación con otros organismos vinculados a la protección de sectores vulnerables.
Participación del ministro Fernando Augusto Niz
En el marco de la actividad, el ministro del Superior Tribunal de Justicia y coordinador de la Justicia de Paz, doctor Fernando Augusto Niz, participó de manera remota mediante videoconferencia, manteniendo un intercambio con la jueza local y los facilitadores judiciales de Caá Catí y Loreto.
En esa oportunidad, el Dr. Niz destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acercar el servicio de justicia a las comunidades del interior provincial.
“Uno de los grandes desafíos del Poder Judicial es garantizar que el acceso a la justicia sea real y efectivo para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que viven en zonas alejadas o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social”, expresó el ministro.
Asimismo, subrayó que herramientas como la Unidad Pericial Móvil permiten superar barreras geográficas y económicas que muchas veces dificultan que las personas puedan acceder a pericias y evaluaciones especializadas.
“La presencia de equipos interdisciplinarios en territorio, a través de esta unidad móvil, permite que muchas personas que de otro modo tendrían dificultades para trasladarse hasta la capital o centros urbanos puedan recibir la atención necesaria para sus procesos judiciales”, señaló.
El ministro también remarcó el valor que tiene la experiencia acumulada en este tipo de operativos para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
“Producto de la experiencia que se va acumulando en estas intervenciones, se logran perfeccionamientos en distintos aspectos del trabajo judicial. Cada actividad de este tipo nos permite mejorar la coordinación institucional, optimizar recursos y fortalecer las herramientas que garantizan el acceso a la justicia”, afirmó.
Trabajo articulado y capacitación
Durante la jornada también participaron autoridades de la Dirección de Adultos Mayores, autoridades municipales y sanitarias, quienes intercambiaron criterios de actuación ante situaciones de vulnerabilidad detectadas en la región.
En ese contexto se realizó una capacitación específica sobre la problemática de adultos mayores, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de intervención institucional frente a estos casos.
La comisión comenzó a las 7 de la mañana y finalizó a las 15 horas, logrando optimizar recursos profesionales y resolver numerosos trámites judiciales sin generar gastos de viáticos, al tiempo que se garantizó el acceso a la justicia a personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad social.
La comisión estuvo integrada por los doctores Juan Ignacio Molina y Diana Lancelle (Médicos Forenses), la licenciada Karina Escalante (Trabajadora Social) y la licenciada Cynthia Gonzalez Zequeira (Psicóloga), asistidos por la licenciada Romina Dos Santos y el Técnico Javier Iglesias de la Dirección de Informática y bajo la coordinación pericial del doctor José Gálvez.
El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 hizo lugar a la demanda de un usuario y concluyó que la entidad bancaria no estaba autorizada a debitar automáticamente el saldo de la tarjeta antes de la fecha de vencimiento del resumen.
El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Corrientes, a cargo de la jueza doctora Sonia Elizabeth Filipigh, hizo lugar a una demanda promovida por un cliente contra el Banco de Corrientes S.A. y ordenó a la entidad cesar en la práctica de debitar de manera anticipada el saldo total de la tarjeta de crédito.
La magistrada consideró que el banco no estaba habilitado por el contrato suscripto con el usuario para realizar esos débitos antes del vencimiento del resumen y encuadró el caso dentro del régimen de protección al consumidor.
El hecho
El demandante, titular de una tarjeta de crédito Visa emitida por el Banco de Corrientes, inició una acción judicial al advertir que la entidad debitaba automáticamente el total del resumen desde su cuenta bancaria varios días antes de la fecha de vencimiento.
Según planteó en la demanda, esa práctica se realizaba de forma sistemática —en ocasiones cuando se acreditaban sus haberes— y le impedía disponer de su dinero hasta la fecha en que realmente correspondía pagar la obligación.
El actor sostuvo que esa modalidad era abusiva, ya que el contrato indicaba que el pago debía efectuarse hasta la fecha de vencimiento, y que el banco no podía retirar los fondos con anterioridad sin una autorización expresa.
La resolución de la jueza
Al analizar el contrato firmado entre las partes, la jueza concluyó que la autorización otorgada por el cliente era para debitar el pago al vencimiento del resumen y no antes, por lo que el accionar del banco resultaba improcedente.
La magistrada también remarcó que privar al usuario de su dinero antes del vencimiento implica impedirle disponer, invertir o utilizar esos fondos durante ese período, lo que puede generarle un perjuicio económico.
Por ello resolvió hacer lugar a la demanda, ordenar al Banco de Corrientes cesar en la práctica de debitar los resúmenes de tarjeta antes de su vencimiento y imponer las costas del proceso a la entidad demandada.
