En un contexto de desafíos económicos nacionales, la provincia de Corrientes reafirma su compromiso con la vida de sus ciudadanos. Hoy, el 86% de las atenciones médicas de la provincia son realizadas por el sistema público de salud, una cifra que demuestra no solo la creciente demanda, sino la robustez de una red estatal que no deja a nadie atrás.
Desde la atención primaria en los barrios hasta las intervenciones de máxima complejidad, el Gobierno Provincial despliega una estructura que abarca campañas de vacunación, provisión de medicamentos y tratamientos críticos, consolidándose como el principal motor sanitario de la región.
La provincia no improvisa: cuenta con 5 regiones sanitarias organizadas de forma inteligente. Esta red integra hospitales de cabecera con centros de salud locales, incluyendo más de 17 Centros de Atención Primaria (CAPS) en Capital, SAPS municipales y hospitales de especialidades.
“El sistema público está sosteniendo prácticamente más del 80 por ciento de la demanda. El año pasado, el 86% de las atenciones fueron hechas en nuestros centros”, destacó el Ministro de Salud, Emilio Lanari. Si bien reconoció que el sistema se encuentra fortalecido, se trabaja a cama caliente por el traspaso de pacientes que ya no pueden costear la medicina privada. Destacó que la provincia ha sabido absorber esta responsabilidad con eficiencia.
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, una fecha que busca visibilizar los derechos de las personas con esta condición genética y promover sociedades más inclusivas.
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) invitamos a reflexionar sobre algo simple pero fundamental: ser parte importa. Y cada persona puede hacer algo para que nadie quede afuera.
El diagnóstico: cómo empieza la historiaUno de los momentos más importantes en la vida de una familia es el momento del diagnóstico. La forma en que se comunica que un bebé tiene síndrome de Down puede marcar profundamente el comienzo de ese camino.
Por eso es fundamental que ese momento se dé con información clara, respeto y acompañamiento. Un diagnóstico humanizado implica que las familias reciban datos médicos correctos, pero también una mirada basada en los derechos, las posibilidades y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.
En Argentina existe una ley que establece que la comunicación del diagnóstico debe realizarse con estas características, justamente para evitar mensajes negativos o desactualizados que generen miedo o desinformación.
Cuando el diagnóstico se transmite de manera respetuosa, las familias pueden comenzar ese proceso con más herramientas y con una mirada más realista y esperanzadora.La escuela: aprender con otrosLa educación inclusiva es otro pilar fundamental para la participación social de las personas con síndrome de Down.Cuando los niños y niñas comparten la escuela en diversidad, todos aprenden más que contenidos escolares.
Aprenden a convivir, a respetar las diferencias, a trabajar en equipo y a reconocer que cada persona tiene habilidades distintas.Las experiencias de educación inclusiva muestran que la presencia de estudiantes con discapacidad no perjudica el aprendizaje de los demás.
Por el contrario, contribuye a generar entornos educativos más colaborativos y empáticos.La escuela es uno de los primeros espacios donde se construye la idea de comunidad. Por eso, cuando la escuela es inclusiva, la sociedad del futuro también tiene más posibilidades de serlo.
El trabajo: oportunidades que abren caminos El acceso al empleo es uno de los grandes desafíos que todavía enfrentan las personas con síndrome de Down en todo el mundo.Sin embargo, cuando existen oportunidades reales, muchas personas con síndrome de Down desarrollan trabajos en distintos sectores: comercio, gastronomía, administración, servicios, atención al público, logística, entre otros.
Como ocurre con cualquier persona, el tipo de trabajo depende de sus intereses, sus habilidades y su formación. La discapacidad no define lo que alguien puede llegar a hacer.El empleo no solo implica un ingreso económico. También significa autonomía, reconocimiento social, vínculos y participación en la vida adulta.
Cada oportunidad laboral que se abre ayuda a derribar prejuicios que durante mucho tiempo limitaron las expectativas sobre las personas con síndrome de Down.La inclusión también se construye todos los díasLa inclusión se construye en la vida cotidiana.
En la forma en que tratamos a los demás.En la manera en que reaccionamos frente a la diferencia.
En los espacios que abrimos en la comunidad.Son gestos que parecen pequeños, pero que ayudan a construir una sociedad donde todas las personas puedan participar.Hacer nuestra parteEl Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down es una oportunidad para recordar que la inclusión no es un favor ni un gesto de buena voluntad: es un derecho. Y por eso exigimos todos los días a los gobernantes que cumplan con la Ley.
Pero también es una construcción colectiva.Por eso, el mensaje es simple: ser parte importa.Y cada persona puede hacer su parte para que nadie se quede afuera.
El Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, a través de su Área de Capacitación y el programa “Justicia y Sociedad Civil”, invita a la comunidad a participar de una charla sobre prevención de adicciones y concientización sobre consumos problemáticos.
El encuentro se realizará el próximo 26 de marzo a las 18:30 horas, en la Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”, ubicada en San Martín 1353 de la ciudad de Mercedes, bajo modalidad presencial.
La actividad contará con la coordinación de destacadas autoridades judiciales:
Dr. Guillermo Horacio Semhan, presidente del Superior Tribunal de Justicia.
Dr. Alejandro Alberto Chain, ministro coordinador de la Comisión de Implementación CPP.
Dra. Marisa Esther Spagnolo, secretaria jurisdiccional N°2 del STJ y coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil.
Como instructor participará el Sr. Joaquín Del Carril, mientras que la moderación estará a cargo del Dr. Marcos Martín Mosca Tressens.
La propuesta está dirigida al público en general y busca generar espacios de reflexión, información y prevención en torno a una problemática que atraviesa a toda la sociedad.
La inscripción se realizará mediante código QR en el lugar del evento.
Participaron referentes de toda la provincia. Se trabajó en prevención y atención de la violencia.
El gobernador Juan Pablo Valdés presidió este jueves la apertura del 5º Encuentro de Áreas Mujer de la Provincia de Corrientes.
La jornada se llevó a cabo en el Club de Regatas Corrientes y reunió a referentes de todos los municipios en un espacio de capacitación e intercambio de experiencias.
Fortalecimiento del trabajo territorial
El encuentro tiene como objetivo unificar criterios de trabajo, mejorar la articulación entre áreas y fortalecer las estrategias de intervención ante situaciones de violencia de género.
Además, se busca optimizar la comunicación institucional y generar nuevas herramientas que permitan una atención más integral en todo el territorio provincial.
Continuidad de políticas públicas
Durante su discurso, Valdés reafirmó la continuidad de las políticas en materia de género y destacó la labor que se viene desarrollando desde el Consejo Provincial de la Mujer.
“Venimos a ratificar esta continuidad en la política, decirles que somos del mismo equipo, que tenemos la misma mirada”, expresó el mandatario.
También subrayó la importancia del encuentro como instancia para definir lineamientos: “Lo que salga acá son los ejes de lo que tenemos que seguir”.
Violencia de género y dispositivos de contención
El gobernador puso el foco en la problemática de la violencia de género, a la que calificó como “el peor flagelo”.
En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer espacios de contención para las víctimas y recordó la experiencia de creación de hogares de tránsito, destinados a mujeres en situación de violencia o trata.
Participación y compromiso institucional
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, valoró la participación de mujeres de toda la provincia en el marco del Mes de la Mujer y destacó el compromiso del Gobierno en promover la igualdad de género.
En tanto, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Cecilia Berger, indicó que uno de los ejes será avanzar en un registro único de datos sobre violencia de género en todos los municipios.
Además, señaló que se trabajará en la implementación de la Ley Micaela y en la adaptación de sus contenidos para distintos públicos.
Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles en la ciudad de Cosquín, en Córdoba, luego de la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de dos años. Por las circunstancias del caso, las autoridades activaron el Alerta Sofía para difundir su foto y sus datos.
Según informó la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, la menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body gris. Fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su casa, ubicada en el barrio San José Obrero.
Las alarmas se encendieron esta tarde, cuando el abuelo de la nena llegó a la casa familiar y se dio cuenta de que Esmeralda no estaba donde debía estar. En esa línea, la mamá de la menor, identificada como Tania López, de 24 años, declaró ante la policía que perdió de vista a su hija cerca de las 14:30, mientras ella preparaba el almuerzo.
A partir de ese momento, se inició una búsqueda en el interior de la propiedad y en viviendas cercanas, pero no lograron dar con su paradero. Por ese motivo, realizaron la denuncia y se activó el protocolo correspondiente.
El operativo, coordinado por la Fiscalía de 1° turno, estableció la casa de Esmeralda como “punto cero”. En el mismo, participan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda, Tanti, junto a efectivos de la Policía de Córdoba y el Equipo Ténico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Punilla.
La búsqueda se está llevando a cabo con rastrillajes terrestres con apoyo de unidades caninas y el uso de drones. El objetivo es poder abarcar el mayor radio en el menor tiempo posible.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que se activó el Alerta Sofía a nivel nacional y pidió a la comunidad que, ante cualquier dato sobre el paradero de Esmeralda, se comuniquen con la Línea 134.
El gobernador Juan Pablo Valdés lanzó el acto central por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, que se realizará el 1 de abril a las 18 hs en Ituzaingó, con desfile cívico-militar en el corsódromo.
Además, anunció el séptimo viaje de excombatientes correntinos a las Islas Malvinas, previsto desde el 10 de abril, reafirmando el acompañamiento del Gobierno provincial.
Autoridades destacaron el trabajo conjunto con los centros de excombatientes y remarcaron que Malvinas es una causa de Estado en Corrientes.
También se proyectará el 30 de marzo la película del quinto viaje de veteranos, en el Auditorio Julián Zini.
Ituzaingó será nuevamente escenario para homenajear a los héroes y mantener viva la memoria.
En una causa iniciada en 2019, la Fiscalía del Tribunal Oral de Mercedes (actual Tribunal de Juicio), a cargo del Fiscal Subrogante Dr. Oscar Cañete, acusará ante el Tribunal, a un ganadero de la zona, por haber presuntamente defraudado a una empresa por la administración fraudulenta de cerca de dos mil cabezas de ganado.
El hecho fue inicialmente investigado por la fiscal de Instrucción doctora Alejandra Talamona, y tramitó ante el Juzgado de Instrucción (actual de Garantías) a cargo del doctor Martín Vega, a partir de la denuncia efectuada por la empresa damnificada LANDVER S.A., que se constituyó en actor civil y propuso la aplicación de diversas medidas cautelares contra el procesado.
Hecho acusado
La Fiscalía intentará probar que el acusado Rómulo A. Bobbio, en representación de Balboa y Bobbio SRL firmó un contrato de consignación de venta de ganado vacuno, tomando en consignación la cantidad de 1966 cabezas de ganado bovino de propiedad de LANDVER S.A., que se encontraban en el establecimiento ganadero Buena Vista y que, por venta del inmueble, debían ser trasladados al establecimiento SANTA ANA DEL TREBOL ubicado en la Primera Sección del Departamento Curuzú Cuatiá, propiedad del acusado, hasta el momento de su venta. Una vez vencido el plazo acordado, el acuerdo se renovó en dos ocasiones. Luego del último vencimiento, no habiendo surgido novedades sobre hacienda ni su venta, sumado a varios incumplimientos relacionados al ganado; la empresa intimó en reiteradas ocasiones al procesado por la restitución de la hacienda entregada en administración o su monto en dinero; sin obtener respuestas del mismo. Así el apoderado de LANDVER S.A. se presentó junto a un Escribano para verificar la hacienda en el establecimiento rural, ocasión en la que Bobbio impidió el retiro del ganado, lo que quedó plasmado en actuación notarial. Días más tarde, por medio de allanamientos practicados por la Unidad de Policía Rural, pudo comprobarse la inexistencia de casi la totalidad de las cabezas de ganado, las que habrían sido sacadas del establecimiento rural por quien se encontraba encargado de su cuidado y administración. Se estima el perjuicio en la suma aproximada de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) a la fecha del hecho, ocurrido presuntamente en 2019.-
Debate
Este martes, con el requerimiento de elevación a juicio, el Tribunal Oral Penal conformado por los Dres. Jorge Alberto Troncoso como Presidente, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, como vocales; dará inicio al debate oral que se desarrollará en varias audiencias que tendrán a los representantes de la firma damnificada LANDVER S.A., a responsables del transporte de la hacienda presuntamente defraudada, a varios encargados de la vacunación de los mismos, entre entre otros.
El Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Oscar Cañete, fiscal subrogante de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal, impulsa la acción penal por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7° del Código Penal. El acusado junto al Defensor Oficial subrogante, Dr. Gustavo Grinberg, también es demandado en el mismo proceso por el actor civil Dr. Matias Mosca Tressens, en representación de la damnificada LANDVER S.A. por una indemnización del daño estimada provisoriamente en $50.000.000 (pesos cincuenta millones) a 2019, actualizados a dos millones de dólares aproximadamente. La defensa, en cambio, encamina su posición en negar la veracidad del convenio y por tanto la responsabilidad de su asistido.
El juicio por la muerte del joven correntino entró en su etapa final. Lautaro Rosé, de 18 años, falleció el 8 de noviembre de 2021 tras una persecución policial.
Hoy a las 8 de la mañana en el Tribunal Oral Penal N°1 comenzaron los alegatos en el juicio que se sigue contra seis efectivos policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R) que se encuentran imputados por los delitos de “Abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El tribunal está integrado por la doctora Ana del Carmen Figueredo, el doctor Darío Alejandro Ortiz y el doctor Oscar Ignacio Dubrez.
La acusación está a cargo del fiscal, Carlos Lértora; mientras que la querella será representada por el abogado, Hermindo González.
Alegatos de la querella La querella representada por el doctor Hermindo González fue la primera en iniciar sus alegatos. Afirmó; “aquí no estamos juzgando un crimen realizado por el estado ni por la policía si no por funcionarios públicos que incumplieron con su rol” y agregó que “los hechos están acreditados y tenemos que hablar de la calificación legal de coautores penalmente responsables por los delitos de apremios ilegales y abandono de persona”. Por ello propuso la pena de 20 años de reclusión y la inmediata detención de los cinco funcionarios imputados. En lo que refiere a Pruyas Suárez propone también la pena máxima y también inmediata detención. “La gravedad está dada en el contexto y la clandestinidad llevada adelante por los funcionarios” concluyó.
Alegatos de la fiscalía La acusación a cargo del fiscal, Carlos Lértora, se abstuvo de formular acusaciones en virtud del artículo 4 del código procesal penal por insuficiencia probatoria y solicitó la absolución de los seis funcionarios. Argumentó que “la única versión del hecho surge del testigo Meza” y aseguró que “no existen pruebas suficientes producidas en esta audiencia debate como para sostener la acusación tal cual ha sido traída a juicio”.
Los hechos
La madrugada del 8 de noviembre de 2021, Lautaro y sus amigos se encontraban en la costanera sur de Corrientes, cerca del predio del club Boca Unidos. Tras un llamado al 911 por disturbios en la zona, varios móviles policiales acudieron al lugar. Las cámaras de seguridad y testimonios indican que los agentes realizaron un giro en “U” e iniciaron una persecución contra el grupo de jóvenes. Lautaro, sin saber nadar, se vio obligado a lanzarse al río Paraná para escapar. Su compañero, un menor de edad, logró salir del agua, pero denunció haber sido golpeado con patadas en las piernas y en el tórax y esposado, sin registro oficial de su detención. Los informes médicos corroboraron su relato. Además, afirmó que los agentes ignoraron los pedidos de auxilio de Lautaro y lo amenazaron para que no revelara lo sucedido.
Imputados y delitos Los policías Carlos Alberto Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero enfrentan cargos por: abandono de persona agravado por el resultado de muerte, apremios ilegales en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos se encuentran separados de sus funciones y en libertad. Vicente Manuel Pruyas Suárez está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, y continúa en funciones.
El Ministerio de Capital Humano anunció que el plan finalizará el próximo 9 de abril, “las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina”, señalaron en un comunicado.
El Gobierno anunció este martes el fin del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por vouchers de capacitación. El plan brindaba $78 mil mensuales a sus 900 mil beneficiarios y buscaba mejorar las oportunidades de inserción laboral. Significa el fin del ex Potenciar Trabajo, programa reformulado tras la llegada de la gestión de Javier Milei y previsto para personas en situación de vulnerabilidad.
“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, detalló el Ministerio de Capital Humano en X.
El programa tenía como únicos beneficiarios a quienes fueron transferidos del Potenciar Trabajo. Esta herramienta de asistencia tenía como objetivo facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus titulares.
Según consta en el sitio oficial del programa, esto se realizaba ”a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos, individuales o asociativos”. Los beneficiarios percibían la asignación dineraria fija no remunerativa durante un total de dos años.
Entre las prestaciones del programa se incluían servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales, prácticas formativas en ambientes de trabajo, acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado, fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar y terminalidad educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.
Inicialmente, el plan Potenciar Trabajo, nacido en 2020 bajo el entonces Ministerio de Desarrollo Social, buscaba brindar un Salario Social Complementario -una prestación económica destinada a mejorar los ingresos de los individuos en situación de alta vulnerabilidad- y otorgar subsidios y créditos para apoyar proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios.
El programa fue desarticulado en febrero de 2024, cuando la gestión libertaria se decidió a separarlo en dos grupos de beneficiarios según sus situaciones y disolvió las unidades de gestión que actuaban como intermediarios. La medida tuvo impacto en 1,2 millones de beneficiarios sociales. El Ministerio de Capital Humano denunció serias falencias en el plan en ese entonces.
“En cuatro años solo 1,3% de beneficiarios lograron salir del plan por haber conseguido trabajo. El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad, pero nada más”, detallaron. Bajo estos argumentos promovieron el cambio “de paradigma”. Esto implicó dividir a los beneficios del Potenciar Trabajo en dos programas: Volver al Trabajo, donde había alrededor de un millón de personas, y Acompañamiento Social, que tenía 200.000 personas.
Una de las principales fallas que denunciaban desde la cartera era las unidades de gestión, es decir, las cooperativas -mayoritariamente manejadas por movimientos sociales- que intervenían en la coordinación y administración de las prestaciones y proyectos del programa. El presupuesto adjudicado a ellas rondaba anualmente los 34 millones de dólares. En ese entonces el Gobierno anunció que ese dinero iba a “ir directamente a la gente”.
Desde el oficialismo argumentaban que las unidades se convirtieron en lo que “algunos denominan gerentes de la pobreza”, que “controlaban a los beneficiarios a través de mecanismos, presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.
Investigan vínculos entre un corralón y el Municipio local.
Tras la serie de allanamientos realizados el pasado viernes por la Gendarmería Nacional en la localidad de Pueblo Libertador, decomisaron bienes por más de $100 millones, tras detectar maniobras sospechosas de presunto lavado de activos, entre un corralón y el Municipio local. Fue una labor encabezada por el Juzgado Federal de Goya a cargo de Cristina Pozzer Penzo, con oficios librados desde la Fiscalía Federal de Mariano de Guzmán. Detallaron que el trabajo investigativo arrancó en el mes de mayo del 2024, a requerimiento de la Justicia Federal, y fue encarado por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya enfocada en verificar presuntas maniobras de legitimación de activos y malversación de fondos públicos. Detallaron que la lupa estaba puesta en el patrimonio de una pareja radicada en la localidad de Pueblo Libertador, donde iniciaron actividades comerciales. Como antecedente, la mujer, había sido detenida en el año 2016 con una carga de cocaína, lo cual dejaba en evidencias vínculos con el narcotráfico.
Aseguran que la investigación abierta apuntaba a desentramar una presunta red de lavado de dinero que tendría como fachada la comercialización de materiales de construcción y alquileres temporales, según se informó. En tal sentido destacaron que el análisis patrimonial y financiero realizado por el Grupo de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional reveló inconsistencias.
Comuna
Además, llamó la atención los vínculos con el Municipio local, ya que gran parte de los ingresos de la firma provenían de transacciones con la Municipalidad de Pueblo Libertador, operaciones que no guardarían proporción con la capacidad de consumo real del mercado local -una población de 5.000 habitantes- ni estaban debidamente justificadas en los contratos analizados, según establecieron. Ante la sospecha de una posible apropiación indebida de fondos de recaudación pública y la simulación de operaciones comerciales para blanquear dinero de origen ilícito, se diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento y tres órdenes de presentación, en las cuales también colaboraron miembros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Como resultado de los procedimientos, secuestraron dos camionetas una Toyota Hilux y otra Ford Ranger; así como dinero en efectivo por más de $3,2 millones y miles de dólares estadounidenses.
También incautaron celulares y abundante documentación de interés para la causa, que serán sometidas a pericias más exhaustivas. El avalúo total de los bienes afectados al proceso asciende a los $112.128.880, puntualizaron.
En otro orden de cosas, y dada la complejidad del caso y los antecedentes de narcotráfico, la investigación solicitaron el apoyo del Centro Internacional de Análisis del Crimen Organizado de la Triple Frontera (Cidecofron). Por orden de la magistrada, los elementos incautados fueron trasladados para su resguardo a los depósitos de la Unidad interviniente y a la base de la Patrulla Fija “Santa Lucía”, dependiente del Escuadrón 48 «Corrientes» de Gendarmería Nacional. Aunque por el momento no se registraron detenciones, la causa continúa y no descartan nuevos operativos para las próximas horas.
