El ministerio de Capital Humano de la Nación anunció este martes los aumentos de septiembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los montos en la tarjeta Alimentar.

Según detallaron desde el Ministerio que encabeza Pettovello, “el Programa Alimentar aumentó un 138% desde el comienzo de la gestión, pasando de $22.000 en diciembre de 2023 a $52.250 en septiembre de 2024 (un hijo); de $34.500 a $81.936 (dos hijos) y de $45.500 a $108.062 (3 hijos)”.

“La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo para protección social (AxE) aumentaron un 308% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, pasando de un importe de $20.661 en diciembre de 2023 a $84.275 en septiembre de 2024″, agregaron.

Además, explicaron que “en noviembre de 2023, con una inflación del 13% mensual, la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar cubría el 65% de la canasta básica”. “Hoy ambas prestaciones cubren el 99% de la canasta básica alimentaria (según datos del IPC. INDEC- último dato disponible Julio 2024)”, añadieron.

Los beneficiarios de la AUH pasarán a percibir $84.275. Este monto es aún mayor para aquellos que residan en los distritos comprendidos por la Zona 1, quienes pasarán a cobrar $109.558. El mismo valor corresponde a las asignaciones por embarazo para protección social.

En concepto de cuidado de salud por hijo, la ANSES pagará $84.275 y $109.558 (Zona 1), mientras que para quienes tienen un hijo con discapacidad los montos ascienden a $274.422 y $356.749, por la zona.

Cómo pedir la Asignación Universal por Hijo en ANSES

Para solicitar la Asignación Universal por Hijo (AUH), los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página web de la ANSES y acceder a la sección correspondiente a la AUH.
Completar el formulario de solicitud con los datos personales y del menor a cargo.
Adjuntar la documentación requerida, como la partida de nacimiento del menor y el DNI de ambos progenitores y del niño/a.
Solicitar un turno en la misma plataforma para presentar la documentación de manera presencial en una oficina de ANSES.

El Gobierno Nacional decidió llevar a cabo un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Este ajuste responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició la auditoría de aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Criterios de suspensión

Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante las gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Entre las irregularidades detectadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.

Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.

Quiénes serán los afectados

Las personas más afectadas por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como lo demuestran las radiografías de animales que fueron usadas para obtener pensiones.

Montos y requisitos para acceder a las pensiones
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

-no recibir otros ingresos del Estado
-no tener empleo formal
-contar con ingresos insuficientes
-ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país
-no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario

El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.

Proceso de revisión y consecuencias legales
El proceso de auditoría, que ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo a estas auditorías, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha destacado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.

Hay al menos diez incrementos programados para el noveno mes de 2024 que tendrán efecto en el nivel general de precios. Cuáles son.
 

Septiembre comienza con al menos diez aumentos. Los combustibles, alquileres, prepagas, tarifas de luz, gas y agua, colegios privados, peajes que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos, aun cuando las consultoras pronostican que la inflación puede perforar el 4% para el noveno mes.

Además, resta conocer si habrá o no suba del boleto de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, en las 31 líneas a las que Nación anunció le quitará el subsidio desde este domingo y en las que el gobierno porteño reclama un plazo mayor para organizar el traspaso del manejo de esos servicios, que incluyan la potestad de fijar tarifas.

Nafta y gasoil
El Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. Solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $12,33 sobre los valores vigentes y en el gasoil $15,33, es decir, un alza del 1,24% y 1,45%, respectivamente.

A esa suba, se sumará la decisión de las petroleras, que suelen trasladar al surtidor el impacto de la devaluación mensual del peso (en torno al 2%) y los costos de los biocombustibles. Así, el litro de nafta súper se incrementaría de $992 a $1004.

Alquileres
Los inquilinos que firmaron un contrato bajo la Ley de Alquileres -que actualiza el precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que combina inflación y salarios- tendrán un aumento que rondará el 243,1%. Esta fórmula se aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023.https://0024b8483dca7328705a07b4a524f099.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Más allá de la derogación de la ley 27.551 con el mega DNU 70/23 de la gestión de Javier Milei, los contratos en curso deben ser respetados hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que mientras el acuerdo esté vigente, todos los términos y condiciones se mantendrán hasta el momento de su finalización.

De esa manera, si una persona comenzó a alquilar el 1° de septiembre de 2023 y enfrenta, entonces, su primera actualización anual sobre la base del índice que elabora el BCRA, tendrá un aumento del 243,1%. Si pagaba $150.000 por mes un año atrás, ahora pasará a abonar $514.650 mensuales por la misma vivienda hasta septiembre de 2025.

Tarifas de luz y gas
El Gobierno aumentará un 4% las tarifas de luz y gas en septiembre.

En tanto, el 4 de septiembre finaliza el plazo para inscribirse en el RASE y mantener los subsidios a la luz y el gas. El formulario debe ser completado por aquellos que se encuentren segmentados en el nivel 2 -o bajos ingresos- y que nunca lo hicieron antes.

Prepagas
En septiembre, al menos cuatro grandes empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán entre el 4,5% y el 5,8%.

Se trata del tercer aumento en los valores de sus planes tras la disputa judicial que impedía subas por encima del índice de precios. Desde julio, los aranceles se ajustan “libremente”.

En los comunicados, algunas empresas coinciden que la modificación de precios es “necesaria para afrontar los costos de infraestructura de salud” afectados por “los aumentos en los precios de medicamentos, insumos y servicios públicos”.

Casas particulares
La Comisión de Trabajo en Casas Particulares definió un nuevo aumento sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas. El incremento se dividió en dos cuotas: 8,5% en julio y otro 4% en agosto acumulativo, sobre la base de los salarios pagados en mayo y julio, respectivamente.

De esta manera, los empleadores deberán pagar en los primeros días de septiembre una suba del 8,5% correspondiente al primer tramo. Las escalas son:

Supervisores con retiro: $3038 la hora y $379.070 el mes trabajado;
Supervisores sin retiro: $3327 y $422.241;
Personal para tareas específicas con retiro: $2876 y $352.177;
Personal para tareas específicas sin retiro: $3154 y $392.034;
Caseros: $2176 y $343.606;
Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $2716 y el mes trabajado $343.606;
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3038 y $382.912;
Personal para tareas generales con retiro: $2519 y $309.001;
Personal para tareas generales sin retiro: $2176 y $343.606.

Cable y telefonía
Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de septiembre, llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas, con un incremento desde 4,9%, según el servicio y la operadora.